Sr. Director: No pude evitar sentir lástima por mi querida Ciudad Guzmán de la que soy originario. Esto al leer en un periódico de circulación estatal las declaraciones del actual presidente municipal Anselmo Ábrica en relación a la sentencia dictada por la VI Sala Unitaria de lo Administrativo del Estado de Jalisco en contra del Ayuntamiento de Zapotlán por demanda interpuesta por el ex director de la Unidad Municipal de Protección Civil contra el entonces presidente Humberto Álvarez.
Ya en un correo enviado a su respetable medio el 12 de enero de 2010 (http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=42374), a raíz de un comentario de su colaborador José Pérez, le había comentado sobre los derechos de los trabajadores al servicio del municipio: “El pueblo efectivamente tiene en sus servidores públicos un derecho en que estos le sirvan en forma eficiente. Pero también tiene hacia ellos obligaciones como cualquier patrón de la iniciativa privada”.
Este comentario hecho hace ya casi 2 años y medio me da la razón con la sentencia mencionada. El actual presidente muestra en sus comentarios una ingenuidad digna de aplauso al mencionar que el trabajador comete deshonestidad hacia su pueblo porque no se cometió ninguna anomalía.
Asume, como todas las administraciones entrantes, con la soberbia del triunfo logrado, que los trabajadores que se encuentran laborando deben a su llegada hacerle una genuflexión, con la cabeza gacha darle las gracias y sin darle la espalda, retirarse sin causarle molestia alguna porque “saben que van a salir”.
Una ingenuidad más, si esto es cierto, es la del síndico municipal. Alega que “de forma verbal” había llegado a un acuerdo con el quejoso y que con la reinstalación en su puesto había terminado el asunto. Un abogado, nada más y nada menos que el representante legal del municipio, haciendo acuerdos en “forma verbal”.
Sin conocer el laudo casi podría asegurar que se condena al Ayuntamiento al pago de salarios caídos y la reinstalación en su puesto entre otras cosas. De ahí que el asunto alcance ahora la suma cercana al millón de pesos que perfectamente los responsables del Ayuntamiento, Humberto Álvarez en su momento, pudieron haber ahorrado al municipio evitando este tipo de despidos. El trabajador ejerció su pleno derecho y como es normal en casi el 98% de los casos, ganó su demanda.
La torpe administración de Humberto Álvarez se negó a pagar lo decretado en 2008 dándole largas al asunto utilizando seguramente argucias legaloides como amparos o testigos falsos para ganar tiempo y mira, caprichos del destino, los paganos fueron sus mismos correligionarios de partido que ahora se sienten “defraudados” que ciertamente no con dinero de su bolsa.
Y otro “representante popular”, el del Partido Verde, demuestra una total ignorancia del derecho al llamar ratero al demandante porque estaba “robando al pueblo”, pobre pueblo que en su nombre se dice cada tontería y sobre todo viniendo de uno de los responsables de la legislación municipal.
Por todo lo anterior, el tratar de linchar mediáticamente a un trabajador de la administración pública por errores cometidos por otras administraciones y renegar del pago que mediante una sentencia obliga al Ayuntamiento es como el dicho aquel que el que escupe al cielo…
Atentamente:
Lic. Ezequiel Montes de Oca Robledo.
zubietamx@terra.es
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